Resumen
El autor aborda la cuestión de la legitimación material de la intervención penal en la actividad económica y reflexiona en base a dos interrogantes: 1. Cómo nuestro Estado constitucional de Derecho puede realizar un aporte decisivo en la construcción de un sistema de imputación penal más racional y previsible, que se adapte al Derecho Penal Económico; y 2. Cuál es el marco jurídico fundamental diseñado por la “Constitución Económica” argentina dentro del cual el legislador debe seleccionar las conductas merecedoras de pena, para proteger los bienes jurídicos penal-económicos más importantes.